Artículo 35 y Fuerzas Armadas: otro error del Gobierno

Cuando hablamos de “Defensa Nacional”, hablamos intrínsecamente de un complejo entramado de dependencias e interdependencias entre las distintas instituciones y unidades que componen nuestras Fuerzas Armadas, y que interactúan a su vez con otros elementos del Estado, para poder ejercer sus deberes e igualmente colaborar con diversas necesidades del quehacer nacional.

Las funciones de las Fuerzas Armadas van desde la protección de la soberanía nacional, pasando por el cuidado de sus fronteras, hasta labores de ayuda y cobertura humanitaria dentro de nuestro territorio, por demás necesarias y ampliamente conocidas por la inmensa mayoría de quienes habitamos esta larga franja de tierra.

La misión principal del Ejecutivo en este proceso, es velar por el cumplimiento de esas obligaciones que le asignan a las Fuerzas Armadas los marcos legales vigentes en nuestro país, además de asegurarse de hacer posible dicho funcionamiento, a través de la asignación presupuestaria necesaria para ello.

No hacerlo o torpedearlo disimuladamente, requiere de una pérfida carga ideológica o simplemente de una ignorancia indigna de quienes han sido investidos con la responsabilidad de dirigir la administración del Estado.

Cualquiera de los casos anteriores, ya sea juntos o por separado, explican la génesis en su expresión actual del Artículo 35 de la ley de presupuesto 2024, la que traiciona el verdadero espíritu de la legislación en torno a la defensa nacional, por demás acordado y convenido transversalmente por todo el espectro político en la ley 21.174 en reemplazo de la Ley Reservada del Cobre.

Se podrá alegar error o desconocimiento, pero por favor. Lo primero muy probablemente no le extrañará al lector, pues, agregar un error más, o menos, a la interminable lista de desaciertos y negligencias de este gobierno, no hacen verdaderamente una variación en el juicio que pueda tener la ciudadanía respecto de esta venerable y muy connotada administración.

Lo segundo, al igual que lo primero, se agrega a otra lista extremadamente longeva de faltas de conocimiento de nuestras siempre tan ilustres autoridades. El resultado es por lo general el mismo. El primer mandatario sale a pedir disculpas públicas, deslinda responsabilidades en sus asesores y acto seguido da por superado el “impasse”.

Lamentablemente, este modus operandi, al que lentamente pasamos a acostumbrarnos, trae consigo, en este caso, severas consecuencias.

La operatividad de las instituciones de la defensa nacional queda impedida o fuertemente limitada para ejercer sus funciones, y pone en serio riesgo la defensa de la soberanía nacional, lo que aparejado a la falta de capacidad de poder reaccionar a eventos típicos de nuestra geografía como; terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, o incendios forestales, en donde siempre se ven empleadas nuestras Fuerzas Armadas, termina nuevamente minando el bienestar de la sociedad chilena.

Es mi deber como parlamentario y con mi profundo sentido republicano, defender la soberanía de nuestro país por medio de nuestras Fuerzas Armadas y, en consecuencia, expresar mis reparos y firme oposición al articulado mencionado de la ley de presupuesto 2024.

Cuando vuelva usted a concurrir a las urnas, mucho le agradeceré no olvidar este y los otros tantos episodios de este “gobierno”, pues, creo que el voto, es la mejor forma de solucionar este tipo de “equivocaciones”.