Diputado Kaiser solicitó a la Contraloría que explique por qué no saltaron las alarmas en el caso de convenios del MINVU

El parlamentario del partido Republicano explicó que en el año 2019 en la Resolución Nº 7, la CGR estableció un control de reemplazo para operaciones que se realicen por debajo del monto del cual tenía que hacer toma de razón.

En el marco del caso convenios de trato directo que enloda al Ministerio de Vivienda y al partido Revolución Democrática, el diputado Republicano Johannes Kaiser indicó que estas operaciones no debieron haberse realizado a espaldas de la Contraloría General de la República, pues desde el año 2019 existe un mecanismo de control de reemplazo, cuando una operación está por debajo del monto que se requiere para que la CGR deba hacer toma de razón del acto.

Al respecto, el parlamentario indicó que al estar inmersos en una enorme crisis de corrupción, una de las cosas que saltan a la vista son los problemas de fiscalización que han tenido tanto las contralorías internas como la Contraloría General de la República.

“Solicité a la Cámara de Diputados que oficie a la Contraloría General de La República para que se pronuncie respecto a la Resolución Nº 7 del 2019, la cual señala que la entidad debió haber recibido información vía control de reemplazo. Así mismo, solicité a la CGR se refiera a aquellos convenios celebrados entre el 11 de marzo del 2022 y el presente, vía trato directo con diferentes fundaciones, corporaciones y organizaciones no gubernamentales”, sostuvo Kaiser.

En la misma línea, el diputado Kaiser añadió que: “También se solicitó se pueda identificar las referidas organizaciones y las oportunidades en que la Contraloría recibió dicha información por control de reemplazo, las conclusiones organizadas de sus análisis y toda la información adicional que resulte relevante para mayor inteligencia de este asunto”.

Finalmente, Kaiser insistió en que es imposible que una operación de traspaso de fondos se realice a espaldas del órgano fiscalizador de los actos administrativos del Estado, por lo que la Contraloría tendrá que explicar por qué no saltaron las alarmas correspondientes en los convenios realizados a través de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.