La Delincuencia, un flagelo para la paz y el desarrollo

La seguridad para el ser humano es una necesidad de orden vital, pues, le permite desarrollar su proyecto de vida bajo ciertos cánones donde puede, con cierto grado de certeza, estimar las posibilidades que tiene de lograr con éxito dicho proyecto. Lo anterior se entiende en un contexto donde la legítima búsqueda de mayor bienestar, se ve gravemente amenazada por el aumento sostenido de la delincuencia, así como también su creciente grado de violencia. Las explicaciones para este fenómeno, suelen ser muchas y ciertamente de no fácil solución. Sin embargo, por profundo que requiera ser el debate en torno a la búsqueda de soluciones a ella, no se puede omitir la indelegable responsabilidad del Estado en la persecución del objetivo de garantizar la seguridad para sus ciudadanos. En el actual escenario político y social que se encuentra nuestro país, donde bandas ligadas al narcotráfico y bandas de delincuentes comunes, se han tomado el control de algunas zonas urbanas y no urbanas, como las comunas ubicadas en la Región de la Araucanía, donde además existe el flagelo del terrorismo y en Santiago poblaciones como la Legua y Plaza Baquedano, parece ser que la respuesta del Estado llega tarde, con poca fuerza y sin la verdadera voluntad política para obtener positivos resultados.  Ello involucra ciertamente a los tres poderes del Estado, que por evidente falta de trabajo mancomunado, no ha sido capaz de cumplir con el mandato ciudadano.

Actualmente resulta observable en Chile, que la paz ciudadana y por consiguiente la seguridad, han permitido el desarrollo y crecimiento económico y social de nuestro país, que en su larga tradición republicana se ha venido construyendo. En esta labor de protección a la ciudadanía, juegan un rol fundamental Carabineros y Policía de Investigaciones, las que en ejercicio de sus funciones y cumplimiento del deber se han convertido en blanco de arteros ataques de un sector político, con el único afán de obtener réditos frente a la opinión pública. Ello ha derivado en el debilitamiento institucional de las policías y ha coartado sus posibilidades y facultades para combatir la delincuencia. La consecuencia inmediata de lo anterior es la pérdida de la seguridad ciudadana y el consecuente deterioro de la calidad de vida.

La responsabilidad cívica, corresponde a cada ciudadano. Elegir y exigir a los miembros del Legislativo que otorguen las herramientas jurídicas necesarias al Ejecutivo y poder Judicial para que puedan cumplir con el deber de garantizar sus derechos a las personas, es precisamente un ejercicio republicano y democrático que impera cuidar, para asegurar el bienestar de las generaciones venideras. En este caso garantizar la seguridad pública para permitir el desarrollo, exige instituciones de policía respaldadas por el poder político que en el legítimo monopolio del uso de la fuerza puedan proteger a los ciudadanos de la delincuencia.  Cuidar y respetar nuestras instituciones se trata de sentido común, se trata de una acción republicana.        

F.R.

Equipo Candidato J. Kaiser