Diputado Johannes Kaiser solicita a Contraloría revisar polémicos convenios entre Municipalidad de Santiago y ACNUR

El parlamentario ingresó un requerimiento para que se investigue la legalidad de los acuerdos y se realice una auditoría externa a los recursos municipales involucrados.

En conjunto con vecinos organizados de la comuna de Santiago y abogados que los representan, el diputado Johannes Kaiser presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República solicitando una auditoría externa y la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Municipalidad de Santiago y su Corporación de Desarrollo (CORDESAN), por persistir en convenios con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a pesar de haber sido declarados ilegales en 2022.

Según explicó el abogado Guido Herrera, esta acción surge del trabajo iniciado en marzo por un equipo jurídico y representantes comunales, y tiene dos objetivos principales: “Uno, revisar la legalidad de una serie de planes y programas que ejecuta la comuna de Santiago en virtud de un convenio internacional con ACNUR, que beneficia exclusivamente a migrantes y no a los vecinos en general. Y dos, efectuar una auditoría externa para fiscalizar cuál ha sido el monto y el destino de los recursos municipales utilizados para estos efectos”.

Por su parte, el diputado Johannes Kaiser recalcó que este tipo de acuerdos no solo violan principios constitucionales, sino que también vulneran las competencias exclusivas del Presidente de la República en materia de relaciones internacionales. “Estamos despachando estos oficios a la Contraloría. Esperamos que se ponga fin a este tipo de acuerdos que violentan la voluntad soberana del pueblo de Chile y las prerrogativas del Ejecutivo”, señaló.

Kaiser también enfatizó que la fiscalización no distingue color político: “Entendemos que el alcalde Desbordes heredó una situación compleja, pero la norma es clara. Esperamos que cumpla con lo que prometió en campaña y se desvincule de estos convenios con organizaciones internacionales que, en mi opinión, no han hecho ningún aporte positivo en esta materia en los últimos años”.

Según Herrera, mientras otras comunas como Arica, Talcahuano o Concepción pusieron fin a estos convenios tras el dictamen de Contraloría, Santiago ha optado por mantenerlos bajo una figura indirecta a través de su corporación CORDESAN, lo que considera una forma de eludir la legalidad: “CORDESAN es una entidad de derecho privado, pero financiada mayoritariamente por el municipio y presidida por el propio alcalde”.

Uno de los vecinos que suscribió la acción, Emilio Maías, expresó su preocupación por los efectos que estos convenios han tenido sobre la calidad de vida en Santiago: “Ya no hay espacio en los colegios ni en la salud para la gente, y aun así se insiste con este organismo. Tenemos miedo, nos sentimos inseguros. Santiago ha cambiado, y para mal”.

Desde el Partido Nacional Libertario, su vicepresidente Hans Marowski valoró la acción como parte del compromiso fiscalizador de la colectividad: “Este será el primero de muchos hitos de fiscalización que iremos mostrando durante el año, porque nuestro compromiso es con la comunidad del país”.

Cabe señalar que ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fue creado tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de asistir a personas desplazadas por conflictos bélicos. Si bien su rol fue originalmente humanitario y centrado en la reubicación de refugiados, desde la década de 1990 ha ampliado su ámbito de acción hacia la promoción de políticas migratorias internacionales, generando críticas por intervenir en asuntos internos de los Estados y aplicar criterios selectivos sobre qué grupos migrantes apoyar.