Diputado Johannes Kaiser exige urgencia a proyecto que promueve denuncias contra delitos de probidad en el sector público

El parlamentario (PNL) además advirtió que el uso de normas internacionales no ratificadas por Chile impide sancionar a funcionarios que abusan del sistema.

Diputado Johannes Kaiser exige urgencia a proyecto que promueve denuncias contra delitos de probidad en el sector público
El parlamentario (PNL) además advirtió que el uso de normas internacionales no ratificadas por Chile impide sancionar a funcionarios que abusan del sistema.

Ante el reciente escándalo por el uso indebido de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos, el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, solicitó al Ejecutivo poner urgencia a la tramitación de un proyecto de ley presentado por él en agosto de 2022.

La iniciativa busca modificar el Código Penal con el fin de incentivar la denuncia de delitos cometidos por empleados públicos durante el ejercicio de sus funciones, especialmente aquellos que comprometan el uso correcto de recursos fiscales.

Kaiser sostuvo que es imperativo avanzar en iniciativas legislativas que actualmente permanecen estancadas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, orientadas al fortalecimiento de la transparencia y la probidad administrativa. En esa línea, recalcó la necesidad de establecer mecanismos disuasivos ante prácticas corruptas y abusos reiterados en el aparato estatal.

“Una licencia médica fraudulenta es un robo descarado al Estado. No es un error administrativo ni una falta menor; es un delito que se comete a sabiendas y con premeditación. Cuando un funcionario público se colude con un médico o abusa del sistema para cobrar sin trabajar, está estafando a todos los chilenos”, sostuvo Kaiser.

Añadiendo que: “Hoy más que nunca se vuelve imprescindible modificar nuestro Código Penal para establecer incentivos claros y contundentes para quienes se atrevan a denunciar estos hechos ante el Ministerio Público. Basta de mirar para el lado. El que roba al fisco debe irse preso, y el que lo denuncia, debe ser respaldado, no perseguido”.

El parlamentario también se refirió a casos recientemente expuestos por un reportaje de Chilevisión, donde se muestran represalias contra directivos que intentaron fiscalizar estas malas prácticas. Entre ellos, el caso del ex director subrogante del Hospital El Salvador, quien denunció la existencia de 670 funcionarios con licencias médicas, algunas por más de 14 años, quien tras iniciar sumarios y desvinculaciones, fue removido de su cargo.

“Es realmente increíble el nivel de sinvergüenzura en muchos organismos públicos. Aquí el castigo no recae sobre el corrupto, sino sobre el honesto. Se ha creado un sistema que premia la flojera, la trampa y la corrupción, y castiga al que fiscaliza. ¿Qué mensaje le estamos dando a los funcionarios que sí quieren hacer bien su trabajo? Que si se atreven a denunciar, van a perder su empleo. Esta es una mafia institucionalizada, donde los jefes que intentan poner orden terminan perseguidos y echados. Esto no puede seguir así, y el Congreso tiene la obligación moral de reaccionar antes de que el Estado termine completamente tomado por esta cultura del descaro”, agregó el presidente del Partido Nacional Libertario.

Otra situación alarmante fue denunciada en la Junji Coquimbo, donde el ex director subrogante, Wilson Rojas, fue destituido luego de iniciar un sumario contra una funcionaria que habría utilizado una licencia médica mientras se encontraba fuera del país. Pese a la gravedad del hecho, la trabajadora fue sobreseída, mientras que Rojas fue acusado de acoso laboral, invocando tratados internacionales (CEDAW y Belem do Pará), concluyendo con la destitución del ex director.

Al respecto, Kaiser denunció que este tipo de situaciones se agravan por la creciente influencia del llamado soft law, es decir, opiniones consultivas o recomendaciones de organismos internacionales —como la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos— que, si bien no son jurídicamente vinculantes, terminan imponiéndose en la administración pública como si lo fueran.

“Nos enfrentamos a una forma de gobernanza paralela, completamente ajena a la voluntad democrática del pueblo chileno. Organismos internacionales que nadie eligió nos dictan cómo legislar, cómo administrar y hasta cómo sancionar. Se escudan en resoluciones blandas, en recomendaciones no vinculantes, pero que terminan siendo obedecidas como si fueran leyes. Es una intromisión sutil pero sistemática, que debilita nuestras instituciones, altera el equilibrio institucional interno y socava la soberanía nacional. No puede ser que en Chile se le tenga más miedo a un informe de la ONU que a un fallo de nuestros propios tribunales. Esto tiene que terminar”, puntualizó.

Finalmente, el diputado Kaiser reafirmó su compromiso con la probidad y el resguardo del Estado de Derecho, e hizo un llamado al Gobierno y al Congreso a dejar de postergar iniciativas legislativas fundamentales para terminar con la impunidad en el sector público.